España se prepara para hacer despegar el sector de los drones.

El borrador del real decreto que fijará definitivamente las reglas de juego de esta industria lleva un año a la espera de ser aprobado. Esta normativa aportará la seguridad jurídica que, ahora, echa en falta el sector.

El uso de los drones

Independientemente del uso del dron -profesional o como hobby– y de su peso, no se puede volar por encima de los 120 metros de altura, de noche o sobre ciudades o aglomeraciones al aire libre ni a una distancia mínima de 8 kilómetros de un aeropuerto. En un recinto cerrado, es el titular quien decide si lo autoriza o no. Hoy, hay 2.626 operadores de drones y 73 escuelas que imparten formación.

La industria de los drones en España sigue a la espera de que se apruebe definitivamente el real decreto (RD) que regulará de manera permanente la actividad de este sector y cuyo último borrador fue aceptado el 27 de octubre de 2016, hace exactamente un año. El clamor de los fabricantes y operadores se ha convertido en una suerte de grito de auxilio, teniendo en cuenta que la norma actual -artículos 50 y 51 de la Ley 18/2014, de 14 de octubre de 2014- es provisional y no otorga la suficiente seguridad jurídica a los actores de esta industria.

Juan Carlos Jurado, abogado especialista en derecho público de Montero Aramburu, comparte la imperiosa necesidad de aprobar este nuevo marco jurídico cuanto antes para «acabar con las enormes lagunas existentes, la parcialidad de desarrollo, así como el carácter provisional de la normativa que rige actualmente al mundo de los drones».

Desde un punto de vista general, el letrado afirma que el nuevo RD -en el que ha participado activamente el sector privado para cubrir todos los espectros- «es lo suficientemente detallado, frente a la parquedad del régimen actual, para dotar de la seguridad jurídica que demanda la industria de drones».

Aspectos positivos

Entre los aspectos más relevantes del RD, Jurado destaca los cambios de criterio respecto a los vuelos en ciudades, nocturnos o en espacios aéreos controlados, así como la fijación de requisitos definitivos para pilotos -deberán ser mayores de edad, llevar un libro de vuelos y ejercer sus funciones de manera regular-, la obligación de registro de los drones o el detalle de todos los aspectos sobre fabricación y mantenimiento.

De manera más detallada, el abogado señala que el nuevo texto legal permite los vuelos en ciudades, algo prohibido ahora. «Según el borrador, se podrán realizar operaciones sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, con aeronaves cuya masa al despegue no exceda de 10 kilos y a una distancia horizontal máxima del piloto de 100 metros, limitando el paso de personas o vehículos».

El RD también posibilitará los vuelos nocturnos, con una autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), previa solicitud del operador, acompañada de un estudio de seguridad. En cuanto a los vuelos en espacios aéreos controlados, Jurado apunta que deberán estar «a una distancia superior a ocho kilómetros de cualquier aeropuerto y requerirán un estudio de seguridad, así como la presencia de un radiofonista acreditado».

La nueva normativa también regulará el régimen de organización, control e inspección del diseño y producción de los drones RPA (controlados por control remoto), así como directrices en materia de mantenimiento aplicable a las operadoras. «Éstas tendrán la obligación, por ejemplo, de tener un registro de mantenimiento, con un histórico de problemas y reparaciones de los drones».

Dudas

Frente a estas bondades del RD, Jurado también destaca dos omisiones importantes. «Por un lado, se mantiene la exclusión de los drones autónomos del espacio aéreo apoyándose en el estado actual de la técnica, una afirmación que empieza a quedarse obsoleta por los avances en esta materia. Por otro lado, el RD no contempla la autorización de operaciones de transporte con drones».

Por último, y dejando de lado la futura legislación española, el letrado apunta que la Unión Europea está trabajando en una normativa común para armonizar la regulación en los estados miembros, que podría estar lista en 2019. «La Comisión Europea propone la creación de un espacio aéreo exclusivo para drones, así como la creación de un registro europeo de aeronaves».

Un centenar de sanciones desde 2014

Si un ciudadano sospecha que se ha producido una infracción en las normas sobre el uso de drones, puede presentar una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, a su vez, la remitirán a la Aesa, que iniciará entonces una investigación. Las multas por poner en peligro las operaciones aeroportuarias están definidas en la Ley de Seguridad Aérea. Oscilan, en función de la gravedad, entre 60 y 225.000 euros -en el caso de personas o empresas que no realicen actividad comercial ni tengan conocimientos de aeronáutica- y entre 4.500 euros y 4,5 millones -para aquéllas que sí realicen actividad comercial o tengan conocimientos aeronáuticos-. Desde la entrada en vigor de la normativa de uso de drones para actividades profesionales, en julio de 2014, hasta el pasado agosto, Aesa ha abierto 116 expedientes sancionadores. Este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, ha impuesto desde entonces 99 multas que suman más de 530.000 euros. La más alta fue de 14.500 euros y, la más baja, de 300 euros. En su mayoría, las sanciones correspondieron a que no era un operador habilitado, no se cumplían los requisitos relativos a la aeronave y por sobrevuelo en zonas no permitidas. Todos los drones deben llevar una placa de identificación.

FUENTE: http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/26/59f2201822601dab4b8b4643.html

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